Organizaciones Sociales complicaron nuevamente el transito en la capital Jujeña
En la víspera, nuevamente organizaciones sociales y agrupaciones políticas de izquierda salieron a las calles en movilización exigiendo la liberación de los militantes detenidos la semana anterior. Al mismo tiempo, repudiaron la denominada “criminalización de la protesta social”, y reclamaron a las autoridades políticas que atiendan las “reales necesidades de la población empobrecida” de la provincia. El reclamo nuevamente ocasionó innumerables inconvenientes en el tránsito vehicular y peatonal lo que a su vez aumentó el malhumor de la mayoría de la población que al paso del tiempo cuestiona con mayor fuerza dichas prácticas.
A nivel nacional se replican los debates en torno a los perjuicios que diariamente ocasionan las movilizaciones y piquetes de organizaciones sociales, y cómo el Estado debería actuar para garantizar derechos individuales y colectivos de la mayoría de la población que ya no oculta su malestar frente a ese tipo de manifestaciones. No pocos referentes de sectores políticos cuestionan las metodologías de muchas organizaciones que a cambio de administrar o facilitar el acceso a un beneficio del Estado obligan a miles de argentinos a realizar protestas en la vía pública.
Más allá de esta discusión, en Jujuy los responsables de las agrupaciones hacen oídos sordos al creciente malestar de la ciudadanía y continúan replicando prácticas que sin lugar a dudas incurren en delitos y vulneran derechos de los ciudadanos que acceden a los distintos beneficios que brinda el Estado. Esto quedó en evidencia durante la movilización de ayer. Numerosas agrupaciones sociales se desplazaron por distintos sectores de la ciudad para confluir en horas del mediodía en los alrededores de Casa de Gobierno.
Delegados de organizaciones expresaron que la movilización tuvo el objetivo de reclamar la liberación de los dirigentes sociales, Sebastián Copello y Juan Chorolque, quienes fueron detenidos por la fuerza de seguridad pública tras haber encabezado a principios de marzo movilizaciones y cortes en el tránsito en la capital jujeña. Las detenciones fueron dispuestas por la justicia local cuyas autoridades señalaron que las acciones protagonizadas por los delegados constituyen delitos tipificados en el Artículo 194 del Código Penal.
En lo que ya es un argumento recurrente desde las organizaciones se denuncia que el gobierno de Jujuy apela a las “detenciones ilegales” y “viola el derecho constitucional a la protesta social”. Dicho planteo es replicado por representantes de agrupaciones políticas de izquierda que además de repudiar el proceder del Ejecutivo jujeño cuestionan las políticas del Estado argentino.
Sin embargo, dichas manifestaciones chocan de frente con las imágenes que suelen observarse en los puntos de concentración de las agrupaciones donde delegados suelen “tomar asistencia” a los militantes que van a movilizar. Dicho “control” no refleja otra cosa que la práctica habitual dentro de numerosos agrupamientos que obligan a los jujeños a movilizar con la promesa de facilitarse el acceso a plan social, o para garantizar la continuidad del cobro de un beneficio. Es un secreto a voces que en varias organizaciones, incluso aquellas que son afines al gobierno, resulta habitual que los delegados se apropien de una fracción de los montos de los beneficios con lo cual los destinatarios de las políticas asistenciales terminan rehenes de los arbitrios de un reducido número de personas que incurren en delito.
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