Las Licencias de Funcionarios y Empleados Judiciales quedarán sujetas a su productividad
El procurador general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, Sergio Lello Sánchez, dispuso mediante la resolución N° 250, un nuevo régimen de licencias ordinarias para funcionarios y empleados del Poder Judicial, todo con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de justicia durante los primeros meses del 2025. El funcionario aseguró que la medida apunta a agilizar la resolución de trámites para garantizar a la población un adecuado servicio de justicia. A la vez, garantizó las licencias de funcionarios y empleados, aunque aclaró que la prioridad para el otorgamiento de las mismas la tendrán aquellos que “mejor trabajen”.
Con el objetivo de continuar con las investigaciones judiciales, las medidas procesales y la atención al público durante el periodo que comúnmente se conoce como “feria judicial”, el Ministerio Público dispuso, mediante resolución, la puesta en marcha de un nuevo sistema que, por un lado, garantizará la licencia de 31 días de la que gozan los trabajadores del poder judicial, y a la vez, permitirá una atención permanente a la comunidad.
El titular del organismo, Lello Sánchez, comentó que con dicho esquema se busca garantizar el correspondiente descanso del personal y la continuidad de las tareas en las oficinas del Ministerio, más aún en un periodo en el que incrementan los niveles delictuales.
El funcionario explicó que dicha medida se ajusta a los nuevos parámetros de la reformada constitución de la provincia que otorga autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público de la Acusación, que se constituye en un órgano independiente. A la vez, precisó que a partir de la “demanda ciudadana, y las expectativas e interpelaciones, respecto del funcionamiento de la justicia, hemos advertido que en el mes de enero y julio prácticamente se paraliza la actividad del sistema de administración de justicia, y eso es una inconsistencia del funcionamiento del sistema y además es contraintuitivo porque el delito no se toma vacaciones y las víctimas tienen demandas que no permiten que nos tomemos vacaciones en el sentido que tenía la feria judicial”.
Aclaró que las licencias que se otorgaban, tanto a funcionarios como a empleados de las diferentes áreas del sistema de justicia, están garantizadas y no se verían afectadas por el nuevo sistema. No obstante, aclaró que las mismas serán re organizadas. “Lo que se hará es reorganizar los recursos humanos y las estructuras que atienden las demandas de la ciudadanía de forma tal que no se interrumpa el servicio, porque se trata de un servicio público y debe ser permanente y continuo”, dijo.
Respecto de esto último, argumentó, “no se puede alegar que estamos de vacaciones para no atender la demanda de una madre que sufre el dolor de una hija que ha sido abusada o lesionada, o la persona que ha sufrido un ataque a su propiedad, o cualquier otro tipo de delito”. En igual sentido reconoció que a la fecha existe una deuda de parte del sistema de justicia para con la ciudadanía.
Con acuerdo a lo expuesto detalló que se dispuso, “desagregar los 31 días que se podían tomar en el mes de enero para tomarlos desde la segunda quincena de diciembre hasta el 31 de marzo, de manera que no se interrumpa el servicio”.
Consultado sobre cómo se determinarán los nuevos periodos de licencias del personal, dijo, “vamos a tener un criterio de evaluación objetivo para determinar quiénes se van a tomar en primer lugar las vacaciones y eso tendrá que ver con la productividad del agente fiscal, del funcionario y de los empleados, es decir, van a tener que demostrar que han trabajado más que cualquier otro que está en su estamento para que pueda elegir la oportunidad de su licencia”.
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