En la víspera se conoció el fallo del Juzgado Contravencional Nº 1 en el trámite abierto contra tres militantes de organizaciones sociales que el pasado 3 de marzo llevaron adelante piquetes en distintas rutas. Conforme a lo informado por la defensa de los involucrados, se dispuso el sobreseimiento por el delito de “quema de cubiertas”, mientras que se fijó una multa de más 400 mil pesos por los cortes de ruta ejecutados durante la protesta. Se prevé que una vez conocidos los fundamentos de este último fallo la defensa recurrirá el mismo.
El jueves finalizó la instancia de juicio en el Juzgado Contravencional 1 donde se conoció el pronunciamiento de la justicia en torno a las contravenciones aplicadas a Verónica Urzagasti, de la organización MAR; Juan Chorolque, del MTR 12 de Abril, y Sebastián Copello, del Polo Obrero, todos referentes del Frente de Lucha Piquetera quienes protagonizaron incidentes durante una jornada de protesta de organizaciones sociales a principios de marzo.
Tras las audiencias la justicia sobreseyó a los imputados por el delito de “quema de cubiertas al aire libre” contemplado en el artículo 123 del código contravencional, mientras que respecto del delito mencionado en el artículo 113 que versa sobre los cortes de calles, se resolvió aplicar una sanción de 130 Unidades Fijas, lo que aproximadamente equivale a 404 mil pesos.
La abogada, Paola Sanabria, quien secundó a los piqueteros durante el trámite contravencional aclaró que la multa señalada quedó en suspenso hasta tanto se conozcan los fundamentos del fallo. La presentación de los mismos se concretaría dentro de 10 días. Atenta a ello, anticipó que tras conocerse los argumentos de la justicia se va a recurrir dicha sentencia por considerarla “inapropiada”.
“Vamos a recurrir ese fallo porque se trata de un intento de coartar el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica que se realizó; la libre expresión no está penada porque en definitiva no se trató de un corte de rutas, sino que fue un pedido y un reclamo que demando una instancia de mediación y en última instancia el departamento de mediación no llegó a dar una respuesta satisfactoria”, explicitó la letrada.
Al mismo tiempo, Sanabria acotó que la sentencia en torno al corte de rutas, “no quedó aún fija y se prevé que en 10 días se conozcan los fundamentos en los cuales el juez debe explicar por qué fue esa sentencia”.
Tras el juicio, Juan Chorolque, uno de los imputados, expresó cuestionamientos hacia la justicia contravencional y al gobierno provincial afirmando que todo lo acontecido refleja la intencionalidad el Estado para acallar las protestas sociales en la provincia. “Queremos rechazar lo actuado por la justicia que solo le sirve al gobierno que ataca a los sectores populares que muestran la realidad de la sociedad y las necesidades que no tienen respuestas”, mencionó.
Al mismo tiempo, con relación a la multa aplicada, dijo, “la suma que se imponen no corresponde a nuestros bolsillos, es decir, no tenemos posibilidades de pagar así que vamos a seguir con nuestro reclamo”. En igual sentido, junto a representantes de las organizaciones denunciaron que el gobierno “solo quiere disciplinar a la población” y “pone en marcha un mecanismo de recaudación estatal, pero lo importante es que el gobierno debe dar respuestas a los reclamos de la gente”.
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