En la víspera, la Dirección Provincial de Estadística y Censo dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de Julio, que llegó al 4,8% respecto del anterior mes. En el relevamiento se destaca que la inflación entre julio de 2023 y el mismo periodo del año en curso fue del 255,9%, mientras que la suba de precios en lo que van del 2024 fue del 80,8%.
A partir de dicho relevamiento se desprende que, más allá de los discursos de funcionarios nacionales, que celebran la caída de la inflación, la realidad refleja una suba generalizada de precios tanto en productos de primera necesidad como en servicios.
Dicho ajuste sustenta los planteos de los dirigentes de gremios de trabajadores de la administración pública que, según lo anunciado oficialmente, volverán a las mesas paritarias desde el próximo lunes. Se espera que en dicho ámbito, los representantes de los empleados del estado insistan con demandas para la recuperación de los salarios tomando como referencia los datos anualizados de inflación.
Mientras se espera la publicación de los relevamientos de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria del séptimo mes del año, que marcan los umbrales de pobreza e indigencia respectivamente, los empleados de la administración pública sostienen que sus ingresos no logran cubrir los valores de la canasta familiar que, según los primeros relevamientos a nivel país, ya superan los 900 mil pesos.
En este punto cabe señalar que, con las últimas actualizaciones salariales, definidas por el gobierno de la provincia, el salario promedio para los empleados de la administración provincial y municipal ronda los 400 mil pesos. Independientemente de las diferencias escalafonarias se desprende que los ingresos de los estatales quedaron rezagados respecto de los actuales niveles de inflación.
Si bien los niveles inflacionarios de los últimos meses reflejan una tendencia a la baja, los aumentos en la canasta alimentaria y total registrados en los últimos 12 meses generaron una brecha difícil de paliar con las actualizaciones que desde principios de año definió la administración de Carlos Sadir. En términos generales la inflación de los primeros 7 meses del año llegó al 80,8% mientras que los ajustes de salarios rondan el 70%, con lo cual aún persiste una diferencia de 10 puntos porcentuales. La brecha resulta mayor si se consideran los datos anualizados.
A partir de ello, una mayoría de sindicatos ya anticiparon que en la reanudación de las mesas paritarias el pedido central será la recuperación de los haberes no solo considerando los últimos relevamientos de inflación sino también la pérdida registrada en los últimos años, particularmente en 2023. Con dicho criterio no sorprenden las afirmaciones de algunos delegados que advierten que para lograr una verdadera recomposición de los ingresos la administración debería otorgar un ajuste del 100%. Sin embargo, dicha actualización no estaría dentro de las posibilidades financieras de la provincia.
En consecuencia, es de esperar que en la reanudación de las mesas paritarias los emisarios del gobierno reconozcan, en primer término, el atraso salarial generado por el mismo estado bajo la anterior gestión, para a partir de ahí definir un esquema de recomposición gradual hasta alcanzar, o en el mejor de los casos, superar los indicadores inflacionarios previstos para los próximos meses.
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