VENDEDORES AMBULANTES: “TRABAJAR EN LA CALLE NO ES DELITO”

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Trabajadores de la economía popular reunidos en el Movimiento de Trabajadores Excluidos y en la Asociación de Ambulantes, Feriantes y Afines de Jujuy llevaron adelante una jornada de lucha con movilización hacia Casa de Gobierno reclamando que las autoridades del Comité Operativo de Emergencia y de la comuna capitalina dispongan autorizaciones para retomar la actividad en la vía pública. Aseguraron que la continuidad de la paralización de actividades sin flexibilización para ese sector agrava la situación de casi dos mil familias que no cuentan con ingresos suficientes.

En las primeras horas del jueves delegados y miembros del MTE y de AFAAJ concentraron sobre calles Jorge Newbery e Irigoyen, y desde ahí, al promediar la mañana, iniciaron una movilización hacia Casa de Gobierno. Los manifestantes procuraron mantener el distanciamiento social, conforme a lo que establecen los protocolos sanitarios. Sin embargo, durante la marcha se observó incumplimientos que causaron malestar entre los transeúntes y automovilistas.

A pesar de ello, los delegados manifestaron su malestar y preocupación por la actual situación de los vendedores de la vía pública que hasta el momento no tienen autorización para retomar su actividad en las calles. Cabe señalar que hasta en la última semana, tanto el COE como la comuna de San Salvador habilitaron la venta callejera conforme a un esquema. Más de 800 vendedores, que cumplieron con los requisitos definidos por la comuna, fueron habilitados a retomar su actividad dentro de los denominados “corredores barriales”. Al mismo tiempo los vendedores, que superaron la instancia de depuración de padrones, están obligados a cumplir con las exigencias legales y sanitarias que dispusieron los organismos del Estado.

Sin embargo, desde las asociaciones que encabezaron la protesta alertaron que más de 1000 vendedores quedaron excluidos por lo que su situación económica tiende a agravarse al paso de los días.

“Movilizamos a casa de gobierno, respetando los protocolos de seguridad, porque los trabajadores ambulantes necesitamos y exigimos una ordenanza municipal que regule nuestra actividad”, expresaron algunos de los voceros de las organizaciones quienes además indicaron que las futuras normativas que regularían la actividad comercial deben ser consensuadas entre todas las partes involucradas en la actividad.  En ese sentido, alertaron que muchos de los funcionarios, particularmente de la municipalidad de San Salvador, desconocen la realidad de los sectores populares por lo que las medidas que hasta el momento se han dispuesto no se ajustan a los verdaderos requerimientos de los vendedores.

A partir de ello, manifestaron, “lejos de dar una solución efectiva a los ciento de trabajadores ambulantes recientemente empadronados, algunos funcionarios deciden hacer uso y abuso de su funciones para llevar adelante prácticas de decomisos y multas ejerciendo hostigamiento y amedrentamiento con lo cual se ponen en riesgo los ingresos de familias vulnerables”.

Apuntaron a la vez que a partir de la paralización de las actividades en la vía pública, una vez definida la cuarentena, cientos de familias perdieron su única fuente de ingresos por lo que reclamaron que las autoridades competentes dispongan de protocolos y autorizaciones para que los vendedores ocupen los lugares habituales de venta.

 

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