ACLARAN QUE LA EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE URBANO DE CAPITAL NO FACULTA AL EJECUTIVO A ACTUALIZAR TARIFAS

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Durante la crisis del transporte del público de pasajeros, que concluyó el martes último, el oficialismo en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó una ordenanza disponiendo la emergencia en el sistema de transporte urbano. La medida fue cuestionada por algunos ediles opositores quienes advirtieron que con la misma se faculta al ejecutivo municipal a actualizar de manera discrecional las tarifas en el servicio de capital. Dicha posibilidad fue descartada por otros representantes de la oposición, que si expresaron su disconformidad con la medida que, según se afirma, requería de un análisis pormenorizado. 

Mediante la ordenanza Nº 7317, el oficialismo declaró la Emergencia del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que rige desde la fecha de publicación de la norma y tendrá vigencia por el período de dos años. La norma contempla, por ejemplo, la elaboración y actualización trimestral de un estudio de costo pormenorizado que deberá elevarse al Concejo deliberante; la reestructuración del servicio para hacerlo más efectivo al servicio, como cambiar las líneas y recorrido para economizar costos.  También se intima a las empresas a cumplir con sus obligaciones salariales bajo apercibimiento de la caducidad de las licencias, a lo que se suma la posibilidad de una readecuación de la compensación que paga el municipio por el boleto estudiantil.

Atento a estos y a otros ítems, incluidos en la ordenanza, el concejal Justicialista, Matías Domínguez sostuvo que el proyecto de “emergencia” debía retornar a la comisión de origen para un análisis en profundidad de la situación de manera de contemplar la información que el propio municipio proporcionó en el fragor del conflicto por la suspensión de los servicios.

A pesar de que dicho pedido no tuvo eco favorable el edil sostuvo que la emergencia faculta al municipio a tomar medidas que tendrán un efecto concreto en el servicio de la capital. “EL municipio podrá modificar paradas, modificar frecuencias o recorridos, y también se contempla las compensaciones por el BEGU, es decir, se procura buscar soluciones más rápidas pero con una discrecionalidad muy grande omitiendo incluso al Concejo Deliberante”, explicó.

Apuntó que con la “emergencia se busca la inmediatez, y eso puede ser interesante en los momentos de caos que se vivieron, pero creo que dos años de vigencia es mucho”.

Recordó a la vez que a principios de año, cuando otros sectores ya advertían sobre las problemáticas en el sistema de transporte a partir de los recortes de los subsidios dispuestos por el gobierno nacional, se requirió la declaración de la emergencia en parlamento comunal de manera de evitar perjuicios ante una eventual crisis. Sin embargo, dicho pedido no fue atendido por el oficialismo. “Ahora que los concejales del oficialismo vieron que la situación no daba para más con 6 días de paro definieron modificar parcialmente el proyecto original y eso es lo que aprobaron ayer”, recordó.

Consultado sobre si la emergencia en el transporte de capital concede facultades al ejecutivo para actualizar tarifas de manera discrecional, el edil dijo, “no concede esa facultad; todo lo que tiene que ver con tarifas lo define el Concejo Deliberante, pero si se prevé un estudio de costos que será analizado por el Deliberante”. Respecto de esto último aclaró que desde la oposición se requirió que el estudio de costos sea realizado por un cuerpo de profesionales de diferentes organismos, no obstante, los ediles oficialistas determinaron que sea el Ejecutivo el que asuma la responsabilidad de dicha tarea.

 

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