El diputado provincial Adriano Morone, reivindicó la política salarial del Gobierno de la Provincia, al destacar los esfuerzos financieros que se hacen para sostener la capacidad adquisitiva de los trabajadores estatales, particularmente de los agentes que pertenecen al sector docente.
Asimismo, enfatizó que la mesa paritaria continua, formula “las mejores propuestas posibles” de incremento salarial, “acordes a la situación de las finanzas públicas”.
De acuerdo a los informes indicativos de salarios docentes que elabora la Secretaría de Educación de la Nación, el haber de bolsillo promedio de un docente con 10 años de antigüedad se posicionó por sobre los $518.000, cifra superada por la composición salarial en Jujuy.
“Los salarios y el poder de compra de los docentes jujeños están entre los mejores, respecto de otras provincias”, definió el legislador.
Además, puso en relieve la decisión del Gobierno de la Provincia de otorgar un bono de $200.000 de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, el cual se efectivizará a fin de año, casi en simultáneo con la segunda cuota del aguinaldo. “La economía de los trabajadores de la Administración Pública Provincial, es acompañada por la política salarial”, subrayó.
En cuanto al estadio de tensión en que se encuentran las arcas públicas, es oportuno advertir que las transferencias no automáticas del Ministerio de Economía de la Nación experimentaron una retracción interanual superior al 90%. Esto significa que la administración central acumula más deudas entre lo comprometido y lo efectivamente girado a las provincias en concepto de recursos discrecionales ajenos a los coparticipados por ley.
Por otra parte, Morone puso el foco en “el bajo nivel de acatamiento al paro por tiempo indeterminado dispuesto por el CEDEMS que apenas rasguña el 13%”, señalando que este escenario comparte “similares características al que afrontó la dirigencia de ADEP con sus medidas de fuerza al cierre de octubre, las cuales tuvieron escasa adhesión”.
“Se hace evidente que el docente, además de comprender la difícil situación económica y financiera nacional que arrastra a las administraciones provinciales, sabe cuidar su bolsillo y reconocer una verdadera lucha de la clase trabajadora y, en consecuencia, diferenciarla de una intencionalidad de claro corte político como plantean algunos dirigentes gremiales”, consideró el legislador.
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