Concejal afirma que la implementación de la Tasa de Emergencia Vial está en manos del Departamento Ejecutivo
La sanción, en marzo último, de la emergencia Vial en la capital jujeña generó numerosos cuestionamientos desde diferentes sectores de la población, particularmente por los alcances de la tasa del 1,8% sobre la comercialización de combustibles líquidos y GNC que se destinaría a la reparación de la red vial de la ciudad. Al respecto, el concejal de la UCR, Leandro Giubergia, aludió al proceso administrativo que debe seguir la ordenanza, previo a su implementación.
En torno a la controvertida medida que, genera contundentes rechazos desde los sectores comerciales, industriales, empresariales y sociales de la capital, el concejal de la UCR, precisó que tras su sanción en el Deliberante la ordenanza pasó al departamento ejecutivo donde deberá ser promulgada y reglamentada para su aplicación. “Es en el departamento ejecutivo donde se tiene que hacer la promulgación y resolver el tema reglamentario del aplicativo del mismo por lo que eso ya no depende del Concejo Deliberante”, explicó.
Al mismo tiempo remarcó que desde el parlamento comunal, “ya cumplimos con nuestra tarea que es legislar, mientras que el departamento ejecutivo es el que promulga y reglamenta las ordenanzas y es el que tiene que llevar a cabo el cumplimiento de las mismas”.
Atento a las críticas esgrimidas contra la ordenanza desde los sectores empresariales, comerciales e industriales de la provincia, recordó que, “estamos en un estado de derecho por lo que cualquiera que sienta vulnerado algunos de sus derechos tiene la posibilidad de recurrir a la justicia para hacer valer ese derecho que crea que se ve cercenado”. A pesar del posicionamiento de los mencionados sectores, el edil aseguró que “aquí no hay ninguna de esas cuestiones porque son posicionamientos políticos que pueden tener todos esos sectores que se han expresado”.
“Me llama poderosamente la atención cuando hacen estos planteamientos en torno a una situación que realmente no van a agravar ningún tipo de cuestión, pero no lo hacen cuando les aumentan otros tipos de impuestos”, mencionó. A la vez, puso de relieve la ausencia de un pronunciamiento de los sectores productivos de la provincia en torno a la exclusión del Capítulo Fiscal que contemplaba la modificación impositiva al tabaco en el Nuevo Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad que se pretende analizar en el Congreso de la Nación, y que podría afectar recursos coparticipables.
Consultado sobre un posible posicionamiento político de los sectores empresariales y comerciales de la provincia que se oponen a la implementación de la tasa, dijo, “no es solamente político, porque al igual que los sindicatos que defienden a sus trabajadores las cámaras comerciales y empresariales defienden sus intereses, y en este caso buscan algún tipo de ganancia”.
“Ellos deben pensar que podrían verse perjudicados en algún tipo de cuestión, y si ellos sienten que se ven vulnerados algunos de sus derechos pueden recurrir a la justicia, y me parece que esa es la forma con la que se debe dirimir todo tipo de conflictos”, expuso. No obstante, aclaró que tras la sanción de cualquier norma esta debe ser implementada salvo que haya un recurso legal, como una medida cautelar, promovido desde el Poder Judicial.
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