Representantes de comunidades originarias de la provincia renovaron demandas para que el estado cumpla con la consulta previa, libre e informada entre las comunidades, particularmente cuando se pretenda impulsar proyectos gubernamentales. Al mismo tiempo ratificaron el rechazo a la Ley Bases y a la ley de emergencia que, según afirmaron, deben ser derogadas debido a que no contemplan la realidad de las poblaciones.
En la víspera, en legislatura de la provincia, se hizo presente un grupo de representantes de comunidades originarias de diferentes localidades del interior jujeño. Durante la convocatoria se solicitó a las autoridades provinciales que instrumenten de manera efectiva la consulta previa, libre e informada entre las comunidades de manera que cualquier proyecto productivo en territorios originarios tenga los consensos necesarios para su implementación.
Sobre el particular, expusieron su preocupación y malestar por el avance de diferentes proyectos, que tienen el aval del gobierno de la provincia, pero que tendrían impacto en los territorios de las comunidades. Conforme a lo expuesto semanas atrás, los voceros originarios demandaron que las comunidades sean convocadas para informarles sobre toda iniciativa del Ejecutivo que involucre los territorios de los pueblos ancestrales.
Por otro lado, renovaron reclamos contra la ley de Bases y la Ley de emergencia provincial que impulsaron los ejecutivos nacional y provincial respectivamente. Al respecto alertaron que ambas iniciativas fueron tratadas sin la consulta a las comunidades del interior. Sobre el particular, la referente de la comunidad de Caspala, Lidia Balcarce, reseñó que, “en mayo pasado, presentamos diferentes notas, pero en ningún hemos recibido respuesta ni convocatoria alguna”. “Pedimos que convoquen a más de 400 comunidades porque la ley bases y la ley de emergencia afectan a los territorios de las comunidades por lo que consideramos que se debía realizar una consulta libre, previa e informada, pero lamentablemente no tuvimos respuestas”, acotó.
Dada la relevancia de las temáticas abordadas tanto en el Congreso Nacional como en Legislatura, la delegada sostuvo que los legisladores deben “explicar todo lo que se trató, porque no debían tomar decisiones que les corresponden a las comunidades”.
Con igual criterio, Bernardina cruz, vocera de la zona de quebrada reclamo que el gobierno de la provincia “debe respetar a los pueblos para que no nos pasen por encima. “No queremos que nos convoquen a través de los medios, sino que haya una convocatoria amplia para que las comunidades puedan venir con tiempo”, afirmó. A la vez, hubo cuestionamientos hacia los legisladores que, según se afirma, “no nos representaron como debían, pero a pesar de ello vamos a seguir insistiendo para que las comunidades sean tenidas en cuenta”.
Cabe mencionar que, durante la convocatoria, los voceros originarios no dejaron de mencionar y alertar sobre las irregularidades cometidas durante la investigación de los hechos acaecidos en los alrededores del parlamento provincial durante el 2023, en ocasión del tratamiento del proyecto de Reforma parcial de la Constitución. Al mismo tiempo, se renovaron cuestionamientos hacia el accionar de la policía de la provincia durante los incidentes en la zona de Purmamarca, donde los efectivos procedieron a desalojar a cientos de manifestantes que se apostaron sobre la intersección de rutas 52 y 9.
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