El pasado 9 de octubre, la capital jujeña fue sede del 13° Seminario Internacional del Litio, evento que reunió a representantes de diferentes empresas vinculadas a la explotación de litio, gobernadores, autoridades nacionales y referentes de la actividad minera a nivel internacional. El encuentro se cumplió en instalaciones de Conectar Lab, de Ciudad Cultural, hasta donde llegaron representantes de comunidades originarias de la provincia que rechazan la actividad extractiva de minerales que, según afirman, afecta sensiblemente el acceso a los recursos naturales, especialmente agua.
La presencia de las comunidades motivó un importante operativo policial que fue repudiado por los manifestantes que continúan denunciando que en la provincia se incumplen las pautas del convenio 169 de la OIT en cuanto a la consulta previa, libre e informada a los pobladores de los territorios en los que se desarrollan proyectos de explotación minera. Transcurridas varias semanas de aquel evento se afirma que la protesta se cumplió “en defensa del agua” y tuvo el objetivo de exigir a las autoridades y a los referentes de las mineras la consulta previa entre las comunidades en cuyos territorios se prevé el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales.
“Fue muy vergonzoso que un pequeño grupo de personas haya tenido tantas dificultades para dejar una nota, y también ser amedrentados y violentados de parte de la policía que tenía unos 50 efectivos”, comentó la abogada, Silvana Llanes, al reseñar lo acontecido en las afueras del predio de Ciudad cultural donde se desarrolló el seminario.
Al aludir a las maniobras que se ponen en práctica desde las corporaciones que tienen intenciones de sostener sus proyectos de explotación, la letrada sostuvo, “manifestamos que ni los empresarios, ni la gente de las mineras cumplen con el convenio 169 de la OIT respecto de la consulta previa, libre e informada, y también en cuanto a la forma en la que se hacen los cateos y los pedimentos mineros que están siendo autorizados por la Dirección de Minería que envía a sus empleados a meterse en asambleas sin autorización de las comunidades”.
Al mismo tiempo precisó que a partir de las diferentes maniobras detectadas desde las comunidades vienen impulsándose diversos reclamos en procura de que se garantice y resguarden los derechos de las comunidades que denuncian la explotación indiscriminada de recursos naturales que ponen en serio riesgo la subsistencia de las mismas.
Con acuerdo a ello precisó que a través de la nota elaborada por las comunidades y remitida a las autoridades de las entidades que financian los proyectos de explotación, se procuró “informar que ninguna de las empresas, ni empresarios ni las multinacionales están cumpliendo ni con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce el territorio, la cultura y los yacimientos arqueológicos de las comunidades, y tampoco se respeta el pronunciamiento de las comunidades que dicen no al litio, no a los pedimentos ni a los cateos de sus tierras”.
“Les debe quedar en claro que no hay permisos, no hay autorización”, enfatizó la abogada de las comunidades, quien a la vez alertó sobre la ausencia de información concreta y transparente sobre los proyectos mineros que están en desarrollo y aquellos que tendrían el aval del estado para su ejecución en franco desconocimiento del pronunciamiento de las comunidades.
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