Sexta caminata por el Agua y la Vida
Conforme a lo anticipado, en la víspera, arribó a la capital jujeña la denominada “Marcha por el Agua y la Vida”, encabezada por integrantes de numerosas comunidades originarias de la provincia que marcharon desde la Ciudad de La Quiaca para denunciar el avance de los proyectos mineros, autorizados por el ejecutivo provincial, que, según se afirma, no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada, y atenta contra los escasos recursos naturales del interior, particularmente el agua.
Tras varias jornadas de caminata, las comunidades originarias arribaron a la capital jujeña en la misma jornada en la que se conmemoró el Día de la Diversidad Cultural, fecha emblemática para los pueblos indígenas del continente. A través de la marcha, denominada Qhapaq Ñan, los originarios alertaron sobre los incumplimientos del gobierno local a la legislación y convenios internacionales vigentes que resguardan los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo concerniente a la libre determinación de los Pueblos.
En tal sentido, al arribar a la capital provincial, voceros de las comunidades expusieron su preocupación por el constante avance de distintos proyectos, particularmente mineros, sobre los territorios de diferentes comunidades. Se afirma que dicho avance se da a partir de las autorizaciones de las autoridades de turno que omitieron el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Cabe mencionar que previo al arribo a la capital jujeña, las comunidades declararon el estado de alerta, por lo que elevaron diversos planteos a nivel provincia, e incluso a legisladores nacionales, ante quienes alertaron sobre incumplimientos a las normativas vigentes. Gustavo Ontiveros, voceros de la comunidad de Valiazo, sostuvo que la marcha “es una forma de protesta» ante el incumplimiento de las leyes que protegen y respetan a los pueblos indígenas.
Recordó a la vez que la protesta de las comunidades, que tuvieron el acompañamiento de organizaciones sociales y de sindicatos de la provincia, que en lo general rechazan la reforma de la Constitución, no es la primera que se realiza para alertar sobre el impacto de las actividades mineras. En tal sentido, reseñó que desde el 2017, han sido recurrentes las movilizaciones para exponer los “graves problemas que padecen los originarios que progresivamente ven afectados los recursos naturales, como el agua”.
Al arribar a la capital, los manifestantes expusieron que actualmente el acceso al agua se redujo significativamente a raíz de la tarea que realizan las empresas mineras que se ubicaron, con autorización del gobierno, en zonas clave. Esto derivó en la reducción de la actividad agrícola y ganadera que daña sensiblemente las escasas producciones de los grupos familiares que aún residen en localidades alejadas a las ciudades cabeceras. Al mismo tiempo remarcaron que la situación se torna más compleja a partir de las condiciones ambientales marcadas por una extrema sequía.
En base a esto, los veceros de los originarios no dudaron al afirmar que gran parte de la responsabilidad de la situación que las afecta recae en la actual administración de gobierno que autorizó emprendimientos sin contar con la debida consulta a todas las comunidades de la zona Puna. Paralelamente, advirtieron sobre la “falta de políticas públicas que garanticen la preservación y distribución equitativa e igualitaria del agua”; que según señalan debe “priorizarse para consumo humano y la actividad productiva a pequeña escala, y no para mineras”.
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