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“No queremos Trabajar solo para Comer”

Esta es la expresión común entre muchos de los delegados de gremios estatales que se hacen eco de la preocupación y malestar de los empleados de la administración pública que demandan nuevas recomposiciones salariales para mitigar al menos los efectos de la inflación de la provincia que, nuevamente superó la media nacional. A pesar de dichas demandas, el gobierno de la provincia sostiene que las actualizaciones de haberes definidas en junio, e implementadas en julio, superaron los niveles de inflación proyectadas al mes de agosto. Sin embargo, desde las entidades gremiales se afirma que con la variación del octavo mes del 2023 todas las recomposiciones quedaron nuevamente rezagadas.

Tras conocerse el dato de inflación de agosto que, a nivel país que, fue del 12.4%, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos presentó la variación de precios de Jujuy que, con el 13.1% superó la media nacional. Asimismo destacó que la variación inflacionaria de diciembre del 2022 al mes pasado, fue del 87.2%. Ahora bien, hasta fines de agosto, el ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Sadir, aseguró en innumerables oportunidades que las actualizaciones salariales acordadas con los gremios “están muy por arriba del acumulado de inflación del 60%”. A partir de ello insistió en que en la provincia “hay una recuperación real del salario”.

Es válido recordar que las expresiones del funcionario, y próximo gobernador de la provincia, aluden a las actualizaciones del piso salarial de los empleados públicos  que implicaron, para el caso del escalafón general un salario de 145 mil pesos, y para el sector salud un piso de 200 mil pesos. Dichos incrementos desactivaron en junio las protestas que sostenía la mayoría de los sindicatos y que tuvieron origen en el contundente paro docente. Con las actualizaciones, se logró que los ingresos de estatales superaran transitoriamente los niveles de inflación registrados hasta ese momento. En paralelo, el gobierno comprometió revisiones mensuales de los salarios a los efectos de evitar que las subas de precios afectaran nuevamente el poder adquisitivo de los ingresos.

A pesar de dicho compromiso, el Ejecutivo omitió convocar a nuevas mesas de negociación, por lo que los sueldos quedaron en los hechos “congelados” durante julio y agosto, y mantendría esa situación durante el mes en curso. En tanto, la inflación, como ya se señaló, mantuvo su ritmo al alza generando una brecha respecto de los sueldos que difícilmente pueda superarse con medidas parciales y limitadas, y sin recomposiciones que abarquen el salario real y los actuales valores de la canasta básica que ronda los 260 mil pesos.

Salvo los ofrecimientos al sector docente, que todavía no se hicieron efectivos, el resto de los trabajadores no vieron movimiento alguno en sus cuentas. Dicha situación se mantendría hasta octubre, mes en el que posiblemente se aplique la propuesta presentada días atrás ante los delegados sindicales.

En términos generales, la propuesta consiste en el pago de sumas en “negro” de hasta 20 mil pesos en dos tramos. En este punto vale acotar que las sumas presentadas por el gobierno varían entre escalafones, e incluso, según las denuncias de algunos sindicatos, no alcanzaría a algunos sectores de trabajadores. A modo de ejemplo, vale mencionar al gremio de profesionales que advirtió que entre las propuestas del gobierno se contempla un “congelamiento” de los ingresos de los trabajadores de ese sector que superen los 300 mil pesos.

La demora en la convocatoria a paritarias; la negativa a pagar el “bono” de 60 mil pesos en dos tramos; el ofrecimiento de una recomposición en “negro, que es calificada de “insuficiente”, y la intención de imponer nuevamente actualizaciones salariales desconociendo la realidad inflacionaria de la provincia, son solo algunos de los factores que empujan a los sindicatos a retomar las medidas de fuerza. En tal sentido, los gremios ADEP, CEDEMS, APUAP, ATE, UPCN, y SEOM, ya confirmaron medidas de fuerza para la próxima semana. De esa manera, el gobierno de Jujuy, que procura recuperar afanosamente el terreno perdido durante las elecciones PASO, deberá afrontar un nuevo periodo de conflictividad sindical y social.

De no mediar una comprensión y entendimiento de la realidad salarial y social de los jujeños la actual administración de gobierno afrontaría las consecuencias del malestar popular, que se expresó a través de las urnas propinando un duro golpe al oficialismo, y minaría a la vez el terreno de la próxima gestión.

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