El jueves último, en la Cámara de diputados se aprobó la Ley 6271, denominada “Ficha Limpia”. La normativa, impulsada por el oficialismo, define que en Jujuy no podrán ser candidatos a cargos electivos provinciales y municipales quienes “hayan sido condenados mediante sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena o su eventual revocación”. A pesar de su aprobación, a instancia de la mayoría parlamentaria, algunos legisladores de la oposición expusieron dudas sobre la aplicabilidad de la norma.
En tal sentido, el diputado del bloque del PJ, Luís Cabana, consideró que más allá de que el oficialismo elevó una propuesta de “buena fe”, la norma conlleva aspectos que resultan “peligrosos.
Al fundamentar dichos conceptos, el legislador explicó, “entendemos que es una medida que refleja buena fe, pero también observamos que de alguna manera conlleva un concepto peligroso en el planteo del principio de inocencia que se contempla en la Constitución de la provincia y en la Constitución nacional”.
“Salvo que haya una condena firme no podrían ser candidatos”, remarcó el legislador al explicitar conceptos de la propuesta que elevara el oficialismo y que tuvo curso favorable en su análisis en las comisiones parlamentarias.
Apuntó al mismo tiempo que durante la argumentación del proyecto en el recinto, la diputada de la UCR, Gabriela Burgos, recordó que la propuesta al ser impulsada también en el Congreso de la Nación, no tuvo el acompañamiento del oficialismo. “El número de bancas del oficialismo en el Congreso impidió que en aquel momento se avance con esa ley, pero aquí en provincia los números son diferentes y el oficialismo, al que ella responde, lo pudo cumplimentar”, sostuvo el legislador.
Más allá de este aspecto, Cabana subrayó que la ley también debería alcanzar otros ámbitos, por ejemplo, los cargos en los demás poderes de Estado. “Esto también debería alcanzar al Poder Judicial y al poder Ejecutivo cuando se designan sus funcionarios”, apuntó.
En otro orden de temas, el también dirigente de UPCN, aludió al impacto del bono de emergencia de 5 mil pesos que comenzó a acreditarse el viernes a los agentes de la administración pública provincial y de municipios. “El gobierno plantea un bono de emergencia, no remunerativo no bonificable, pero al principio era algo confuso porque se habló de un bono escolar y al final terminó siendo un complemento de emergencia”, dijo en principio.
En sintonía con lo expresado por otros referentes del arco sindical de la provincia, Cabana cuestionó la metodología aplicada por el Ejecutivo al momento de definir las actualizaciones de los haberes, que también aplicó al momento de definir el bono. “Rechazamos estas metodologías por la unilateralidad de las medidas que se aplican al definir los incrementos salariales, y en el caso de este bono se trata de un paliativo que sin dudas representa pan para hoy y hambre para mañana”, manifestó.
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