Organizaciones Sociales y Sindicales solicitan el cese de la persecución Política en Jujuy
Dirigentes de organizaciones sindicales y sociales de Jujuy ratificaron demandas para que se dejen sin efecto las causas judiciales que pesan sobre 19 referentes del campo popular que fueron parte de las protestas de junio de 2023 durante las medidas de fuerza de los sectores docentes y los reclamos contra la reforma de la Constitución provincial pergeñada por el ex gobernador, Gerardo Morales. Además de repudiar la represión perpetrada por la fuerza policial en aquel momento, aseguran que las causas judiciales constituyen un claro ejemplo de persecución política que tiene el solo objetivo de acallar todo reclamo de la ciudadanía.
En conferencia de prensa, delegados de gremios de trabajadores estatales y dirigentes de organizaciones sociales expusieron su malestar por la continuidad de los procesos judiciales contra numerosos ciudadanos que rechazan las políticas del gobierno local, entre ellos, 19 personas que estuvieron presentes en las manifestaciones registradas en junio de 2023. Cabe recordar que en aquel momento a los reclamos por mejoras salariales de los trabajadores docentes se sumaron las manifestaciones de sindicatos, movimientos populares y de comunidades originarias que rechazaron la reforma de la Constitución.
Dado el generalizado malestar de la población, en los alrededores de Legislatura de registraron serios incidentes, que estuvieron signados por la represión por parte de la fuerza de seguridad provincial que dejó el saldo de numerosos heridos y casi 100 personas detenidas. A partir de dichos incidentes, el estado promovió una serie de denuncias que tuvieron curso en la justicia, cuyos miembros dispusieron que la instancia de juicio inicie el martes próximo. Atentos a ellos, los referentes de movimientos sociales junto a los denunciados por el gobierno ratificaron que la causa judicial está “armada” y que la misma constituye una “persecución política” de parte de la actual administración que continúa la estrategia definida por el ex gobernador Morales.
Al fundamentar la denuncia, el referente del Partido Obrero, Sebastián Copello, alertó que, en Jujuy, “estamos viviendo una avanzada judicial muy grave contra cualquier manifestante y luchador”. Al mismo tiempo remarcó que “las causas que se están avanzando y elevando a juicio tienen a dirigentes sociales de la provincia que lucharon en las calles. Dada la gravedad de los hechos registrados desde junio del año pasado a la fecha expresó, “denunciamos y repudiamos el avance de la Justicia, porque sabemos que es un brazo del gobierno del gobernador Sadir, ya que la causa está totalmente armada”.
Por su parte, Santiago Zamora, delegado de la C.C.C. afirmó que, “estamos procesados y judicializados por la lucha de junio del año pasado; creemos que está justicia está actuando contra un proceso de lucha llevado adelante para acallar las voces por algo tan justo que fue el reclamo por sueldos y tierras”. En sintonía con lo expuesto por otros dirigentes sociales aseguró que en la provincia los ciudadanos, “tenemos el derecho a la protesta”.
En igual sentido, la abogada, Mariana Vargas, en representación de algunos de los dirigentes imputados, aseveró que el objetivo de la defensa es “no llegar a juicio, ya que entendemos que no debe haber juicio porque fue todo un montaje de Gerardo Morales”. Asimismo, aseveró que tanto la represión, las posteriores denuncias y las causas abiertas contra ciudadanos, son “ilegales”. Atenta a ello, insistió en que “hubo muchas irregularidades en el proceso judicial que no permiten llegar a juicio, y eso es lo que pedimos al Ministerio Público de la Acusación”.
Con acuerdo a lo mencionado, las organizaciones demandan que se deje sin efecto las causas judiciales, se brinde el sobreseimiento a todos los imputados, y se investigue y juzgue a “los verdaderos responsables de la brutal represión del jujeñazo del 2023”.
You must be logged in to post a comment Login