Universitarios de Jujuy admitieron preocupación por las maniobras del Gobierno
Este miércoles, la cámara de diputados del Congreso Nacional llevará adelante una sesión especial en la que se analizará el veto de la ley de financiamiento universitario definido por el gobierno de Javier Milei. La sesión se cumplirá en un marco de alta tensión política y social generado en el rechazo generalizado de sectores universitarios que rechazan la medida presidencial y demandan a los legisladores nacionales que no acompañen el mencionado veto. En dicho marco, referentes universitarios de la provincia ratificaron las consignas esgrimidas durante la marcha federal universitaria cumplida la semana anterior en la que hubo un contundente pronunciamiento contra el ejecutivo nacional.
En tal sentido, la secretaria gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de la UNJU, Gabriela Gresores, aludió al contexto por el transitan los trabajadores del sector. “Estamos muy complacidos con lo que fue la marcha lograda la semana pasada, pero a la vez estamos muy preocupados por las maniobras del gobierno y las amenazas”. A la vez se mostró expectante por lo que podría resolver el Congreso durante la próxima sesión especial en la que tendría que analizarse el veto impuesto por el gobierno de Javier Milei.
Consultada sobre las medidas de fuerza que podrían adoptarse en la provincia de Jujuy, considerando la toma de edificios y protestas que se llevan adelante en otras universidades del país, la delegada descartó acciones de protesta con cierre de los claustros. Aclaró que dado el inminente inició de un encuentro internacional de mujeres en la capital jujeña no se prevén medidas, como el cierre de facultades.
Por otro lado, la referente de ADIUNJU aludió a las novedades generadas en el orden nacional respecto de la propuesta de incremento salarial para los docentes universitarios, y que rondaría el 6.8 %. Al respecto, explicó, “en realidad se reunió una comisión técnica de funcionarios muy menores sin ninguna potestad para negociar algo, y simplemente explicaron que se daba este aumento que tiene una falta de seriedad porque ya había ofrecido un 1% y ahora solo da un 5.8% más por lo que en vez de discutir cuánto debe ganar los docentes y los no docentes universitarios solo se dedicó a extorsionar”.
“Con esto el gobierno está diciendo, y amenaza, que si esta ley de financiamiento se aprueba va a tener que sacar la plata de otros lados, como la salud”, alertó, para luego señalar que antes de que se expida el Congreso el gobierno nacional ya avanzó con el desfinanciamiento y cierre de unidades hospitales en el país, e incluso la eliminación de programas de incentivo destinado a los estudiantes. Con acuerdo a ello, afirmó, “realmente es un ensañamiento con los sectores populares y con la educación en particular y esto nos afecta enormemente en nuestro trabajo cotidiano”.
En cuanto a la controversia respecto del control de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades, Gresores detalló que al igual que el resto de los organismos del estado, “las universidades están auditadas de forma rotativa, tienen un organismo de auditoria fijado por ley y determinado por el Congreso, y se toma un conjunto de universidades a las que se las audita, y ese trabajo se hace forma permanente”. A la vez, remarcó que los controles mediante auditorías están disponibles al público en las plataformas oficiales. En base a esto último, la delegada dejó entrever que desde el gobierno se pergeñó un discurso con el solo objetivo de desprestigiar las universidades y desacreditar los controles.
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