ASEGURAN QUE EL JUICIO POLÍTICO A FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS NO TIENE FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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Integrantes del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos Públicos de Control afirmaron en su visita a la provincia de Jujuy que los planteos de juicios políticos a integrantes del Tribunal de Cuentas local carecen de fundamentos jurídicos por lo que consideraron improcedente el trámite que se sustancia en la Comisión investigadora de Legislatura. Advirtieron a la vez que el proceso administrativo que se lleva adelante en Legislatura podría ocultar un intento del gobierno para evadir controles en el manejo de recursos del Estado.

A medida que avanza el trámite parlamentario en torno a los pedidos de juicio político al Fiscal general del Poder Judicial y a tres miembros del Tribunal de Cuentas, se escuchan nuevos pronunciamientos de organismos nacionales que cuestionan el proceder del Ejecutivo provincial. En la víspera, integrantes del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos Públicos de Control mantuvieron una reunión con legisladores del justicialismo en la cual intercambiaron impresiones y opiniones sobre los juicios políticos que se tramitan en la comisión Investigadora de Legislatura.

En el encuentro, que se desarrolló a puertas cerradas en el Salón Pilar Bermúdez, los referentes del organismo nacional expusieron que, tras analizar el expediente, resulta evidente que no existen fundamentos jurídicos para sustentar el trámite. “La imputación no tiene sustento jurídico ni formal para el juicio político”, expresó el secretario de la entidad, Sergio Díaz Ricci, al término del diálogo con los legisladores justicialistas. Al mismo tiempo afirmaron estar alarmados por el trámite iniciado, por lo que precisó que la semana anterior desde la entidad, reunida en la provincia de Catamarca se emitió un documento alertando sobre el proceso abierto en la provincia de Jujuy.

Cabe señalar que las denuncias que pesan sobre la titular del Tribunal de Cuentas, Nora Millone de Juncos, y sobre los vocales Mariana Bernal y René Barrionuevo, aluden a la ausencia de controles sobre los irregulares manejos de recursos de parte de las organizaciones sociales allegadas a la dirigente Milagro Sala. Al respecto, Sergio Oste, vicepresidente del Secretariado, acotó que los juicios “son técnicamente infundados, y por eso vinimos a explicar cuál es nuestra postura, y creemos que los fondos nacionales con afectación específica, como los del Programa Federal socio comunitario, no tenían un control primario porque eran fondos que venían de la Nación”.

A la vez acotó que el control de los fondos nacional “nunca pasó por el Tribunal de Cuentas, y solo había un control al final cuando los municipios remitían una ejecución presupuestaria y en ese momento desde el Tribunal se observaron sumas que son superiores a lo que se menciona en la denuncia, ya que la denuncia habla de 1.300 millones de pesos pero desde el tribunal se observó 1.370 millones de pesos”.

Ricci, al aludir a esto último sostuvo también que “los municipios involucrados fueron 10 y aunque al principio, por tratarse de fondos nacionales, el control no le correspondía al tribunal de cuentas provincial, en la etapa posterior, el tribunal  observó el manejo de los fondos, tomó conocimiento de ello y cumplió con informar a las autoridades nacionales”. Al mismo tiempo aclaró que en casos de irregularidades en las rendiciones de cuentas se abre una instancia de juicio administrativo.

 

 

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