A PESAR DE LOS ANUNCIOS OFICIALES ESTATALES ESPERAN SEGUIR DISCUTIENDO SALARIOS

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El pasado miércoles, dirigentes del Frente Amplio Gremial y funcionarios provinciales retomaron la negociación paritaria por salarios y condiciones laborales en la que los emisarios del gobierno ratificaron los anuncios del gobernador, Gerardo Morales, en torno al pago de un nuevo “bono complementario” de 2.000 pesos a todos los empleados públicos de la provincia y municipios a partir del 20 de mayo. A la vez confirmaron que a partir del mes de abril se iniciará un proceso de blanqueo (conversión a remunerativos bonificables) del bono por tramos de 800, 1.300 y 1.700 pesos concedidos a los trabajadores entre diciembre y febrero. Dicho blanqueo sería progresivo y se prevé que antes de fin de año se regularice el primer tramo para luego avanzar sobre la diferencia hasta cubrir los 1.700 pesos.

Los funcionarios también corroboraron que con los sueldos de mayo se acreditará la segunda recomposición del 2019 con otro 10 por ciento, y que en el mes de octubre habrá un nuevo ajuste de salarios a través de un porcentaje que sería acordado a partir de las variaciones inflacionarias. Cabe señalar que conforme a lo expuesto por el gobernador las negociaciones tendrían continuidad por lo que se espera que en julio se analice nuevamente el contexto salarial de los empleados estatales.

Cumplida la reunión, algunos dirigentes expresaron conformidad con los anuncios oficiales dado que uno de los planteos expuestos en anteriores encuentros fue que el gobierno local otorgue un “bono” de 2.000 pesos conforme a lo otorgado por la administración nacional a sus trabajadores. También hubo coincidencias al aceptar la propuesta de blanquear sumas no remunerativas y no bonificables lo antes posibles. En ese sentido, los funcionarios plantearon en anteriores encuentros que la regularización podría iniciar en mayo, sin embargo, a partir de la insistencia gremial se determinó que el proceso comience en abril.

Sin embargo, hubo desacuerdo con la negativa de los funcionarios para implementar una “cláusula gatillo” de manera que los salarios tengan una actualización automática en sintonía con las variaciones inflacionarias que se registren en los próximos meses. En ese sentido, algunos dirigentes ratificaron su preocupación por el avance de la inflación que hasta el mes de marzo supera el 10 por ciento por lo que consideraron que las recomposiciones salariales porcentuales tienen un atraso de 3 puntos, y que el mismo sería mayor hasta la liquidación de sueldos de mayo con los que se acreditaría otro 10 por ciento. A la vez varios delegados remarcaron que la suma fija de 2.000 pesos constituye solo un paliativo frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que se registró entre 2016 y 2018.

“Este aumento es producto del pedido de los sindicatos”, fue una expresión común entre los dirigentes quienes pusieron de relieve la insistencia de los gremios durante los meses precedentes en los que demando mejoras salariales acordes a la inflación que registran los propios organismos oficiales.  A la vez admitieron que el anuncio sobre un “bono complementario” constituye un “buen anuncio” dado que se ajusta a lo requerido en un primer momento pero por sobre todo porque llegaría a priori a todos los trabajadores de las administraciones provincial y municipal.

A pesar de la relativa conformidad otros voceros de gremios admitieron que resulta necesario continuar con las negociaciones atentos a que las proyecciones inflacionarias para los próximos meses no son alentadoras y que las mediciones en la provincia de Jujuy resultan más elevadas a la media nacional.

 

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