“VAMOS A SEGUIR HABLANDO A PESAR DE QUE NOS INICIEN CAUSAS”

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Esa fue la expresión de la titular del gremio ATSA, Yolanda Canchi, al aludir al trámite judicial que inicia este miércoles en el marco de la causa por “usurpación de tierras”  que tuvo origen en la toma de terrenos en el sector de Campo Verde encabezada por dirigentes de gremios y trabajadores del Frente Estatal en el año 2015. Al mismo tiempo la dirigente aseguró que detrás de este trámite y de otras causas judiciales en las que están involucrados delegados gremiales existe un trasfondo político a través del cual se procura silenciar los reclamos de los trabajadores jujeños.

Este miércoles se abre el proceso judicial contra dirigentes de gremios estatales quienes el 5 mayo de 2015 encabezaron una toma de tierras en Campo Verde, en la capital jujeña. En aquel momento, dirigentes del Frente De Gremios Estatales, entre ellos Yolanda Canchi de ATSA y Carlos Santillán del SEOM, encabezaron una acción gremial en respuesta a la demanda por tierras que expusieron trabajadores estatales.

Al aludir al inicio del trámite judicial, la titular de ATSA informó que los asesores legales del gremio estuvieron abocados a la preparación de la defensa, y aclaró que en los terrenos mencionados en la causa “no hay personal de la sanidad involucrado”.

“Confiamos en que nuestros abogados ejerzan una buena defensa; estamos trabajando desde hace bastante tiempo y veremos que resulta de todo esto”, remarcó. Sin embargo no ocultó su malestar al afirmar que detrás del proceso judicial existe un entramado político pergeñado para acallar a la dirigencia sindical de la provincia.

Respecto de esto último dijo, “todo esto tiene un cien por ciento de política como lo fue el tema de los títulos, y es como si estuvieran diciendo que Yolanda Canchi no tiene que ser candidata a nada porque todo esto tiene que perjudicarla y la verdad que el juego sucio está a la orden del día”.

Recordó además que a partir del trámite judicial iniciado contra dirigentes gremiales por la ocupación de terrenos hubo un fuerte respaldo de la mayoría de sectores obreros advierten sobre una política de “persecución judicial” sobre delegados y trabajadores que exponen reclamos en defensa de sus derechos. En ese sentido precisó que en los diversos escritos elevados a las autoridades de distintos poderes de estado a través de los cuales se reclaman mejoras salariales y laborales, se incluye un pedido de cese de las persecuciones políticas y judiciales.

“No olvidemos que también está la causa contravencional de abril del año pasado en Legislatura en la que varios dirigentes estamos imputados por decir que no estábamos de acuerdo con los resultados de la economía”, reseñó para luego asegurar que con dichas causas “nos están diciendo que los dirigentes deben ir presos y no deben decir nada, pero nosotros somos los representantes de los trabajadores y tenemos derecho a hablar y vamos a seguir hablando a pesar de que nos inicien causas judiciales”, manifestó la dirigente.

 

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