SIN RESPUESTAS DEL GOBIERNO CRECE EL TEMOR DE LA COMUNIDAD EL PERCHEL FRENTE AL AVANCE DE OBRAS DE TELECOM

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El pasado miércoles funcionarios provinciales, representantes de la Empresa Telecom y delegados de la comunidad indígena Angosto El Perchel de Tilcara, mantuvieron una reunión en la cual se procuró resolver el conflicto suscitado a partir del inicio de obras de la empresa de telecomunicaciones para el tendido de una fibra óptica a través del territorio de la citada comunidad. A pesar de los argumentos y las denuncias expuestas por los comuneros, se teme que el gobierno jujeño omita o desconozca la obligatoriedad de la “consulta previa libre e informada” entre la comunidad y que la empresa continúe con las obras que afectan el territorio originario.

 Referentes de El Perchel reseñaron que el conflicto inició el pasado 11 de marzo, cuando personal de la empresa Telecom, custodiados por 50 efectivos policiales, ingresó violentamente en territorios de la comunidad e iniciaron obras para instalar una fibra óptica. A partir de la resistencia expuesta por algunos de los lugareños la policía detuvo a tres mujeres de la comunidad. Dicha situación fue rápidamente repudiada por los comuneros que interpusieron denuncias y demandas por el accionar de la fuerza de seguridad. A la vez se denunciaron los perjuicios y daños que las obras de la empresa ocasionaron en acequias, churquis y terrenos donde se realizan cultivos que brindan sustento a las familias de la zona.

Tras varias semanas de aquel incidente, funcionarios provinciales,  representantes de la empresa y delegados de la comunidad confluyeron en una reunión donde se expusieron los hechos y las demandas de los pobladores que no se oponen al tendido de una red de “fibra óptica” pero que si rechazan la forma intempestiva con la actuó tanto la empresa como la policía que depende del Ministerio de Seguridad.

Con dichas referencias, Raúl Sajama, uno de los representantes de la comunidad, recordó que la ley nacional 24.071 “establece, taxativamente, que en todos los temas que afecten a las comunidades indígenas deberán ser consultadas con ella y, por supuesto, obtener su consentimiento”. Alertó que a pesar de dicha normativa y de otros tratados a los que adhirió el estado argentino, las comunidades “padecen una serie de atropellos por parte del gobierno de Jujuy y de las empresas”.

Al aludir a la reunión del miércoles, reseñó, “insistimos con que se debe realizar una consulta previa por alguna obra que se pretenda realizar en el territorio, y cuando hablamos de lo que pasó el 11 de marzo los funcionarios se mostraron molestos y hasta dijeron que se sentían presionados por las denuncias que nosotros realizamos, pero entendemos que frente a la detención ilegal de nuestros hermanos lo mínimo que podíamos hacer era denunciar los hechos”.

“Nos llama la atención que los funcionarios digan que se sienten afectados, pero nosotros siempre dijimos que nuestro interés es que se haga cumplir la ley y se respete la Constitución”, dijo Sajama, quien a la vez precisó que  entre los funcionarios se percibe “una actitud de omitir la consulta”.

Por ello consideró que el gobierno “estaría dispuesto a firmar un acuerdo que no tendría nada que ver con lo que demanda la comunidad, y eso sería incumplir el marco legal argentino”.

 

 

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