GREMIOS DOCENTES RECURRIRÁN A LA JUSTICIA EN RECHAZO A LA NUEVA JUNTA DE CALIFICACIÓN

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Dirigentes de los gremios ADEP y CEDEMS confirmaron que recurrirán a la justicia provincial, e incluso nacional, en rechazo a la nueva Junta de Calificación Docente aprobada mediante Ley el viernes último en Legislatura. Reiteraron que con el futuro órgano ministerial, además de perderse la representación docente, corre riesgo el futuro laboral de los miles de educadores de la provincia.

Con el voto favorable del oficialismo, el pasado viernes se aprobó el decreto acuerdo 8340 de creación de la Junta de Calificación docente, organismo que funcionará bajo la órbita del ministerio de Educación de la provincia y que tendrá entre sus funciones la elaboración de un reglamento interno, la actualización  y digitalización progresiva de los legajos de los educadores, el estudio  y calificación de los antecedentes del personal docente, y la confección de un nuevo listado de Orden de Mérito de la carrera docente.

Delegados de los gremios más representativos de los educadores de la provincia expusieron sus objeciones a la iniciativa y afirmaron que más allá de la pérdida de la representación docente se vulnerarían derechos de los trabajadores y se omitiría la resolución de viejas problemáticas en el sistema educativo provincial. A pesar de estas y otras objeciones, los legisladores avanzaron con el tratamiento del proyecto original del Ejecutivo que no tuvo modificación alguna al momento de la votación.

Cabe señalar que el debate en torno al cuestionado proyecto fue seguido con atención por los referentes gremiales de ADEP y CEDEMS quienes estuvieron presentes en Legislatura. Según lo expuesto por los gremialistas su presencia en el parlamento tuvo el objetivo de conocer las posturas de los legisladores al momento de la votación.

 Atento al avance logrado por el oficialismo, el titular del gremio de nivel inicial y primario, Darío Abán, comentó, “más allá de la pérdida de representatividad docente, que es importante para nosotros, este proyecto le concede plenas facultades a la ministra de Educación para que dicte todo tipo de medidas, incluso podría dictar una nueva grilla de valoración y eso nos preocupa mucho”.

A la vez expuso que “ha quedado demostrado que Educación es un ministerio de puertas cerradas, que no dialoga, que es autoritario, y para ejemplo solo basta tener en cuenta que el año pasado los funcionarios tuvieron la visión de que los docentes mayores de 52 años no pueden participar de un concurso para acceder a un cargo, y eso lo hicieron sin tener el amparo de ninguna normativa”.

Dados los riesgos que conllevaría la unificación de los actuales órganos de valoración docente la dirigencia de ambos gremios anticiparon presentaciones judiciales en contra de la normativa. Precisaron que de ser necesario se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia como última instancia para resguardar derechos de los docentes jujeños. Ello fue ratificado tras la sanción de la ley. “Vamos a seguir el camino judicial; se tiene que volver atrás con esta ley por lo que vamos a iniciar acciones legales y eso ya tiene un antecedente con un recurso de revocatoria, por lo que vamos a llegar hasta las últimas instancias judiciales”, adelantó el dirigente.

 

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