EX TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS ZAPLA CONFÍAN EN UNA PRONTA RESOLUCIÓN POR LA PROPIEDAD PARTICIPADA

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Ex trabajadores de Altos Hornos Zapla expresaron confianza en el compromiso que habría asumido el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, para lograr una resolución al histórico pedido por la reglamentación de la ley de propiedad participada que contempla a los obreros de la ex empresa siderúrgica de Palpalá. Solicitaron que a modo de alternativa para la cancelación del resarcimiento económico el estado ceda una vivienda por cada obrero del complejo.

El viernes último un grupo de delegados de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla se hizo presente en Casa de gobierno solicitando una audiencia con el primer mandatario provincial para presentarle una alternativa para la cancelación de la deuda acumulada en el marco de la ley de Propiedad participada que les fuera reconocida a todos aquellos que prestaban servicios en el complejo siderúrgico al momento de la privatización en el año 1991.

Según lo expresado por el vocero del sector, Jorge Agüero, los trabajadores “estamos en búsqueda de respuestas, y tenemos información que ha brindado el propio gobernador sobre que nuestro caso está bastante avanzado y la verdad podemos decir que es el único gobernador que se está preocupando y se está ocupando del tema”.

“Nos hicimos presente en Casa de Gobierno para saber precisamente cuáles son los avances, pero lamentablemente Morales no se encontraba, pero de todas formas hemos presentado una nota solicitando una audiencia a través de la cual pretendemos presentar una alternativa para el pago de la deuda”, comentó el vocero, quien aclaró que junto a la nota de pedido de audiencia se adjuntó la propuesta que elaboraron los ex trabajadores.

Según lo expuesto por Agüero, los ex obreros de Zapla proponen al gobierno que le ceda una vivienda a cada familia como alternativa a la  cancelación de los montos correspondientes al fondo de propiedad participada que aún no es reglamentada.

“Es una alternativa en caso de que el gobierno no tenga los recursos para cancelar el resarcimiento económico que dictamina la ley, y esperamos que lo estudien que lo evalúen porque entendemos que el decreto reglamentario de la ley no sale por las limitaciones presupuestarias, así que esta alternativa puede ser válida”, explicó.

En igual sentido consideró que la propuesta de los trabajadores “brindaría dignidad a la lucha que se viene llevando adelante desde hace 27 años, y sería un logro de nuestra parte para que sea reconocido incluso por nuestros hijos a quienes  podríamos decir que hemos luchado y que el fruto de ello se traduce en algo concreto”.

No dejó de remarcar que para la efectiva cancelación del resarcimiento solo resta la reglamentación de la ley para lo cual resulta necesario un decreto nacional a través del cual se reconocería efectivamente la propiedad participada. “Tenemos entendido que el decreto ya está y solo faltaría la firma del poder ejecutivo, e imaginamos que no se firma porque no se tiene con qué pagar, y ya sea con bonos o con dinero en efectivo pero ellos tienen que cumplir”, manifestó.

 

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