AFIRMAN QUE EL AUMENTO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PRIORIZA LOS INTERESES EMPRESARIALES

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La expresión corresponde al concejal de San Salvador de Jujuy, Guillermo Alemán, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quien siguió las instancias de la audiencia judicial cumplida el lunes en la Vocalía I del Tribunal Contencioso Administrativo y que fue convocada a partir de un amparo presentado hace más de seis meses. A pesar de la demora de la convocatoria los legisladores del FIT reclaman un estudio pormenorizado de los reales costos del servicio de transporte público de pasajeros y los subsidios que reciben las empresas.

Frente a la decisión del municipio capitalino y la anuencia del oficialismo del Concejo Deliberante para aumentar la tarifa del transporte urbano de pasajeros, en noviembre de 2017 los referentes del Frente de Izquierda presentaron un  recurso de amparo ante la Justicia exigiendo la nulidad del proceso dada la falta de información veraz en el estudio de costos expuesto por la comuna. En aquel momento los electos legisladores de la izquierda recurrieron a la Justicia en lo Contencioso Administrativo alertando que a pesar de los anuncios del Ejecutivo comunal resultaba evidente la poca transparencia en el proceso de ajuste de tarifas. A la vez señalaron que el contador Roberto Rodríguez, quien elaboró el cuestionado estudio de costos, reconoció que la información proporcionada por las empresas resultaba insuficiente, al igual que los informes del Estado sobre los subsidios que reciben las empresas.

Transcurridos seis meses de aquel primer planteo, y en vísperas de un nuevo aumento en el boleto,  finalmente el tribunal presidido por la jueza Ruth Fernandez convocó a las partes en conflicto. En la convocatoria estuvieron presentes representantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), quienes patrocinan  a los parlamentarios del FIT, abogadas de los organismos de defensa al consumidor como CODELCO y PROCONSUMER, y los abogados de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y de las empresas de transporte.

El concejal Guillermo Alemán, sostuvo que el abogado de la Municipalidad, “defendió el interés de las empresas frente al golpe al bolsillo de los trabajadores que significa el tarifazo del transporte”. En igual sentido sostuvo que “es evidente el ataque a un servicio esencial como lo es el transporte público, haciendo primar la ganancia de las empresas”.

Al fundamentar los cuestionamientos hacia el proceso de aumento ya aplicado, el edil recordó que “ellos dicen que la información estuvo todo el tiempo disponible en el Concejo Deliberante, pero el mismo contador Rodríguez  dejó sentado que las empresas no dieron la información completa y se basó en datos dudosos, brindados por las propias empresas, mientras por otro lado para el 2018 se destinó nada menos que 856.466.677 pesos en subsidios al transporte automotor como figura en el presupuesto provincial del 2018".

Maia Hirsch, abogada del CeProDH, expresó que "a pesar de haber presentado una medida legal que debe ser de rápido tratamiento cómo lo es un amparo, la justicia demoró casi medio año en fijar una audiencia con la Municipalidad y el Concejo Deliberante, lo cual desvirtúa el propio proceso ya que el aumento ha sido aplicado y resulta un perjuicio concreto para todos los usuarios, estudiantes y trabajadores, que se ven afectados por los múltiples tarifazos".

Al dar cuenta de los argumentos que expusieron los referentes comunales indicaron que, "aluden a una supuesta violación de división de poderes que harían incuestionables las decisiones adoptadas por el ejecutivo y el legislativo local, quienes han hecho de la justicia provincial un apéndice del actuar del gobernador Gerardo Morales”. A la vez alertaron que “todo lo que aplican es un ajuste directo sobre usuarios y consumidores a los que les niegan el elemental derecho a la información clara, veraz y transparente".

 

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