NUEVA POLÉMICA EN TORNO A LAS TARIFAS DEL “TAXI AMARILLO”

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Con el voto favorable del bloque oficialista, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó en la tarde del miércoles la ordenanza 7.146 que prevé la actualización tarifaria de los valores de la bajada de bandera y fichas de las unidades de transporte alternativo, o taxis amarillos. El ajuste, que ronda el 30 por ciento, se aprobó a partir del pedido de un sector de propietarios de licencias, en tanto, los demás sectores vinculados al transporte alternativo, e incluso ediles de la oposición, rechazaron la suba y reclamaron una revisión del sistema.

Mientras se acrecienta la expectativa en torno a un inminente ajuste en las tarifas en el transporte público de pasajeros de capital, impulsado por el oficialismo, en la tarde del miércoles se aprobó una ordenanza que actualiza los valores del servicio de “taxis amarillos”. Según la ordenanza 7.146, la bajada de bandera en horario diurno será de 16,50 pesos y la ficha cada 100 metros costará  1,65 pesos; mientras que la tarifa nocturna tendrá una bajada de bandera de  19,50 pesos  y la ficha cada 100 metros costará  1,95 pesos. El ajuste constituye un incremento del 30 por ciento para un servicio que, según los argumentos vertidos por ediles de la UCR, presentaba un atraso en sus tarifas desde el año 2016.

Sin embargo, el aumento, que se haría efectivo una vez que el Ejecutivo Municipal promulgue  la ordenanza y se ajusten de los taxímetros, fue rápidamente rechazado por ediles del arco opositor y también por muchos de los usuarios que lo consideran “desproporcionado” y “escandaloso”.

Tras la sanción de la norma comunal, el presidente del Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, comentó a los medios locales que la readecuación tarifaria del transporte alternativo se aprobó a partir de “un pedido que hizo el sector del transporte, porque hace más de un año que no había aumento; el proceso inflacionario importante golpea a la familia taxista, que son alrededor de 3.000, y por eso lo creía necesario". Frente a este argumento los miembros de bloques opositores señalaron que la suba no se ajusta a la realidad de los usuarios que vienen afrontando aumentos en otros servicios. A pesar de reconocer que resultaba necesaria una actualización de los  valores del servicio los concejales de la oposición consideraron que la temática requería de un análisis exhaustivo sobre los verdaderos costos de mantenimiento del servicio en relación a las posibilidades de los usuarios.

Vale mencionar además que previo a la sanción de la controvertida ordenanza, referentes de la Cámara del Transporte Alternativo y del Sindicato de Peones de Taxi aclararon que ninguno de los sectores solicitó un ajuste de tarifas, por lo que señalaron como responsable de la medida a un reducido grupo de  propietarios de unidades que tendrían estrecha vinculación con el gobierno municipal.

 A pesar de dichas objeciones el oficialismo avanzó con la sanción de la ordenanza que en adelante genera incertidumbre en torno al impacto que tendrían dichos aumentos entre los usuarios, algunos de los cuales ya adelantaron que optarán por otros medios de transporte, con lo cual se acrecienta la posibilidad de la entrada en circulación de unidades no habilitadas por el estado municipal. A la vez se profundizaron los cuestionamientos hacia el gobierno municipal que avalaría un nuevo ajuste de las tarifas del transporte público conforme a una ordenanza sancionada en 2017 y que prevé dos ajustes a lo largo del año, hecho que iría en contra de la normativa que regula los servicios públicos en lo que respecta a los mecanismos de participación y consulta popular.

 

 

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