LA IZQUIERDA RATIFICO EL PEDIDO DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA QUE AUTORIZA AUMENTOS EN EL BOLETO

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La concejal de San Salvador de Jujuy del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Andrea Gutiérrez, confirmó el pedido de derogación de la ordenanza 7515 que contempla actualizaciones en las tarifas del transporte urbano de pasajeros en la capital. Alertó que conforme a las notas remitidas por la presidencia del cuerpo de concejales se prevé un primer aumento del 10 por ciento en abril en tanto que en octubre nuevamente podrían ajustarse las tarifas.

Semanas atrás trascendieron a través de algunas publicaciones periodísticas informaciones respecto de un nuevo aumento en las tarifas del transporte urbano de capital. Las mismas fueron confirmadas por empresarios del transporte que señalaron que actualmente rige una ordenanza, sancionada en 2017, que contempla hasta dos ajustes de tarifas en el año. Con esta referencia, la edil del frente de izquierda, confirmó que semanas atrás desde la presidencia del cuerpo de parlamentarios comunales se presentó un planteo para aplicar la controvertida ordenanza 7515.

Dado el impacto que generaría un nuevo ajuste de tarifas, Gutiérrez confirmó que desde su bloque se elevó y ratificó un proyecto para derogar la política ordenanza de tal manera de evitar ajustes de tarifas automáticos. “Nosotros nos oponemos a esta medida porque consideramos que en primer lugar se debe derogar el anterior aumento para que se retrotraigan las tarifas y a partir de ahí plantear una discusión seria sobre cuál debería ser el valor del boleto y cómo debería ser el servicio de transporte en la capital”, explicó la concejal.

Cabe mencionar que la ordenanza 7515 aprobada en 2017 fue ampliamente cuestionada por diferentes sectores de la población dado que dejó abierta la posibilidad de ajustes de tarifas sin contemplar los pasos administrativos que contemplan otras ordenanzas que regulan los servicios públicos. Conforme al articulado de la norma, los ajustes podrían implementarse en los periodos comprendidos entre los meses de abril-junio y octubre y noviembre. Al mismo tiempo, los usuarios y varios organismos cuestionaron el procedimiento a través del cual se impuso el anterior aumento de tarifas que tan solo contempló una instancia de participación vía web, omitiendo una audiencia pública. Igual fuerza tuvieron los argumentos en contra del estudio de costos elaborado por un profesional del medio que no contempló todas las variables que conforman el sistema de transporte público.

“No se puede privilegiar a un grupo de empresarios con aumentos automáticos, sino que se debe pensar que el transporte público debe estar garantizado a todos los sectores de la población, a los trabajadores, a los estudiantes, y si las empresas no pueden garantizar eso a pesar de los subsidios que reciben el estado debería hacer cargo del servicio”, argumentó Gutiérrez, quien expresó inquietud por el tratamiento y la política del gobierno municipal en torno a un sistema que continúa siendo objetado por un amplio sector de usuarios por los numerosos inconvenientes que afectan a los usuarios.

 

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