GENERALIZADO MALESTAR ENTRE ESTATALES POR EL IMPACTO DE LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL

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A medida que se desarrolla el cronograma de pago de haberes a empleados de la administración pública  de Jujuy resulta más evidente el malestar de los trabajadores que consideran escueta e insuficiente la mejora salarial del 5 por ciento otorgada por el gobierno local. Dicha disconformidad intenta ser capitalizada por la dirigencia gremial que a pesar de las rispideces internas procura la reorganización de la clase obrera.

Conforme a las primeras impresiones de trabajadores que transitan por los cajeros automáticos de la capital, la recomposición del 5 por ciento redunda en una mejora de bolsillo de entre 500 a 700 pesos, suma que apenas si logra cubrir parte de los aumentos registrados por ejemplo en los diferentes servicios, tales como electricidad o gas. En ese sentido, los empleados públicos consultados sobre cómo impacta la recomposición definida por el gobierno, señalaron que los montos de bolsillo resultan “escuetos” e “insuficientes” frente a los constantes aumentos que registran la canasta familiar y los servicios básicos.

Apuntaron que a diferencia de años anteriores en 2018 se percibe con mayor “crudeza” la inflación que, según afirman, “no parece tener fin”. Al mismo tiempo exponen un mayor descreimiento frente a los discursos y anuncios oficiales respecto del descenso de los indicadores de pobreza e indigencia. Por el contrario consideran que la situación en general tiende a generar “más pobreza” y “mayor desocupación”.

Con estas referencias varios de los consultados, señalan como principales responsables a los funcionarios tanto nacionales y provinciales que no definen políticas que permita efectivamente una recuperación de la economía. Otros también apuntan contra la dirigencia de gremios que no logra una verdadera representación de los intereses de trabajadores.

En este contexto, parte de la dirigencia del Frente Amplio Gremial anticipó días atrás que continuará reclamando a las autoridades una reapertura de las negociaciones paritarias con el objetivo de alcanzar una mejora salarial acorde a los requerimientos obreros. Al mismo tiempo, adelantaron la presentación de un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Ekel Meyer, para que este dé cuenta de los incidentes registrados en la tarde del 4 de abril en los alrededores de Legislatura donde militantes de organizaciones sociales, de partidos políticos y afiliados de gremios se enfrentaron con efectivos de la policía provincial.

En ese sentido, la contadora Susana Ustárez, secretaria general de la Asociación de Personal de Organismos de Control,  sostuvo que “nos queda la sensación de que no somos escuchados pero sí reprimidos, por lo que avanzaremos con pedidos concretos y esperamos que el gobernador haga un análisis y nos convoque para alcanzar una solución a los conflictos”.

Al mismo tiempo comentó que tras los incidentes, surgieron numerosas dudas sobre el operativo de seguridad dispuesto por el estado para resguardar al gobernador que brindó su balance de gestión ante el pleno de parlamentarios provinciales. Remarcó que las propias  organizaciones gremiales realizarán denuncias por el accionar de la fuerza policial, calificado de represivo. “Necesitamos que se determine lo que ocurrió durante la represión, y creemos que es necesario que la Legislatura interpele al ministro de Seguridad”, sostuvo, para luego alertar sobre la presencia de infiltrados entre las filas de manifestantes durante la movilización al Parlamento.

 

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