GENERALIZADO REPUDIO AL VIOLENTO DESALOJO DE ESTUDIANTES DE LOS CEIJA

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Generalizado y contundente fue el repudio de numerosos sectores de la población de Jujuy contra el desalojo de estudiantes de los Centros de Educación Integral para Jóvenes y Adultos (CEIJA) que desde la tarde del martes mantenían una protesta en el acceso a Casa de Gobierno reclamando la continuidad de esas instituciones que les permitía la terminalidad educativa.

El conflicto, uno nuevo que se genera en el ámbito de la educación, tomó estado público la semana anterior cuando los alumnos de los 4 CEIJA que funcionaban en diferentes localidades de la provincia fueron notificados de la decisión del Ministerio de Educación, a cargo de Isolda Calsina, de clausurar los institutos debido a numerosas irregularidades institucionales y administrativas. A pesar de las intimaciones y los plazos fijados tiempo atrás por el Estado, los administradores, integrantes de ex comisiones directivas del gremio CEDEMS, no habrían resuelto dichas irregularidades. Sin embargo, algunos alumnos junto a docentes y preceptores aseguraron que la situación de las instituciones se normalizó años atrás y que los responsables administrativos dieron prueba de la documentación emanada desde el propio Ministerio de Educación.

Al mismo tiempo, los estudiantes aseguraron que en el mes de febrero las propias autoridades ministeriales emitieron documentación habilitante para el funcionamiento de los CEIJA durante el ciclo 2018. A pesar de ello, en el mes de  marzo el Estado avanzó con el cierre de los institutos lo que generó un generalizado rechazo de los casi 600 jóvenes y adultos que, por diferentes circunstancias y problemáticas personales y laborales no pudieron terminar sus estudios de nivel medio, buscan la terminalidad educativa dentro de una modalidad especial.

El pasado lunes los alumnos buscaron por diferentes canales un diálogo con la ministra de Educación, quien en ningún momento se predispuso a explicar las razones de la drástica medida. Así, el martes en horas de la tarde varios estudiantes iniciaron una permanencia en el acceso principal a Casa de Gobierno reclamando soluciones que garanticen su derecho a educarse. Según lo manifestado por los jóvenes, su continuidad educativa se ve frustrada dado que no lograrían reubicarse en otros establecimientos que no reconocen la modalidad especial de los CEIJA. A la vez denunciaron la falta de bancos en colegios lo que los obligaría a concurrir a bachilleratos alejados y en horarios que entorpecerían sus actividades laborales, dado que muchos de ellos son jefes de hogar.

Con el conflicto ya desatado, los jóvenes recurrieron al patrocinio legal del abogado Héctor Huepe, quien logró reunirse el miércoles con responsables de Región III para plantearle una alternativa. La misma consistía en que el Estado autorice la continuidad de los centros durante el 2018 para que los  alumnos próximos a egresar puedan completar sus estudios, y abrir un periodo de transición hasta el cierre de año para reubicar a los demás estudiantes. Dicha propuesta no fue considerada por las autoridades, por lo que la medida de fuerza tuvo continuidad.

En la noche del jueves, se dispuso un operativo policial a través del cual se desalojó y detuvo a un grupo de alumnos, entre ellos una joven embarazada,  al abogado Huespe y a una concejal del Frente de Izquierda. Conforme a las filmaciones que se difundieron a través de redes sociales y de los propios testimonios de los involucrados, hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de los efectivos que trasladaron a los detenidos hasta la central policial. Tras dicho procedimiento que, habría sido ordenado por la fiscalía de turno, hubo un contundente repudio desde la dirigencia gremial, agrupaciones políticas, organizaciones sociales e incluso ciudadanos que reprueban, en primer lugar, el cierre de establecimientos que garantizan el derecho a educarse, y a la vez cuestionan los procedimientos poco transparentes del Estado a través de la fuerza de seguridad pública. El escandaloso operativo incluso fue noticia en medios nacionales lo que acrecentó la polémica en torno a las políticas educativas que definió el gobierno jujeño. Finalmente, y tras varias horas los detenidos fueron liberados aunque fueron imputados por una contravención.

 

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