TRABAJADORES DE JUJUY TAMBIÉN RECHAZARON LA REFORMA PREVISIONAL

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Sindicatos de trabajadores estatales, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, movimientos de trabajadores de la economía popular, desarrollaron ayer una diversidad de actividades de protesta en la provincia contra la reforma previsional que se debatía en la Cámara de Diputados de la nación. A pesar de los graves incidentes registrados en los alrededores del Congreso en Buenos Aires, la protesta en la capital jujeña se llevó adelante sin disturbios, aunque existía incertidumbre en la zona de San Pedro donde trabajadores del ingenio de La Esperanza mantenían un corte sobre la ruta 34 en reclamo contra la falta de pago de sueldos.

Conforme a lo anticipado la semana anterior, el Frente Amplio Gremial, el SEOM, la CTEP, la CCC, gremios docentes, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y demás sectores sociales, llevaron adelante una jornada de protesta contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Cambiemos a través del Congreso Nacional. Las primeras concentraciones se iniciaron en las primeras horas del lunes tanto en plaza Belgrano como en diversos puntos de la ciudad desde donde los militantes de organizaciones y trabajadores marcharon para confluir en los alrededores de Casa de Gobierno. Posteriormente las columnas llegaron hasta legislatura desde donde también criticaron el acompañamiento de los legisladores del oficialismo a los diferentes proyectos de reforma.

Los referentes de los distintos sectores expresaron abiertamente  su rechazo a la reforma previsional por considerar que vulnera derechos adquiridos por los trabajadores, y a la vez pone en riesgo los ya alicaídos ingresos de los jubilados de todo el país. Al mismo tiempo los manifestantes cuestionaron las políticas de ajuste dispuestas por el gobierno nacional y que también ha impulsado el gobierno local que, según alertaron, “no ha generado fuentes de trabajo dignas, ha cerrado las instancias de negociación salarial, ha despedido trabajadores y ha designado nuevos funcionarios con elevados sueldos”.

Asimismo hubo coincidencias en las críticas hacia los legisladores del oficialismo quienes a pesar de la suspensión de la anterior sesión en diputados debido a los incidentes en los alrededores del Congreso insisten con la reforma. “El gobierno atropella a los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, e impulsa un miserable bono extra como empalme a la nueva fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios que serán mucho menores”, expusieron algunos de los dirigentes, quienes a la vez anticiparon una profundización de los reclamos si se avanza con las reformas de ajuste.

Normalidad en los servicios de transporte

Mientras en el orden nacional se dispuso una medida de fuerza desde la Confederación General del Trabajo (CGT), la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió en la  tarde de ayer no adherir al paro de 24 horas de la central obrera. La novedad llevó tranquilidad a los miles de usuarios del transporte pasajeros que temían un cese de los servicios desde las primeras horas del martes.

Los referentes de  la UTA a nivel país tomaron la decisión de no adherir al paro en una reunión que mantuvieron en la tarde con dirigentes de otros gremios de la CGT que si cumplirán un paro en contra de la reforma previsional. Según lo expuesto por los sindicalistas la decisión de no suspender los servicios de transporte en todo el país obedece a la intención de no complicar el traslado de trabajadores que en la mayoría de las provincias movilizaron en contra de la reforma.

Se reaviva el conflicto en la esperanza

Un aspecto sobresaliente de la jornada de protesta del lunes fue la reanudación del conflicto en el Ingenio de La Esperanza cuyos trabajadores iniciaron un paro y salieron a cortar la ruta 34 en reclamo del pago de sueldos. Dicho corte a la altura de El Arrayanal se mantenía  en la tarde y conforme a lo anticipado por los delegados del Sindicato la medida podría prolongarse y agravarse debido a la disconformidad de los trabajadores frente a la venta realizada por el Estado provincial que conllevaría al despido de 300 personas que no serían tenidas en cuenta por el grupo inversor colombiano  Omega Energy.

 

 

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