AUMENTA LA INCERTIDUMBRE EN TORNO A LA SITUACIÓN DE DETENCIÓN DE MILAGRO SALA

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En la mañana de ayer el Juez de Control, Gastón Mercau, realizó inspecciones en dos domicilios pertenecientes a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, conforme a las medidas dispuestas por la justicia para definir una eventual detención domiciliaria y así cumplir con la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, al cierre de la jornada se conoció el planteo del fiscal Diego Cussel quien objeto las medidas y requirió ante el juzgado de Control N° 3, la nulidad de las actuaciones cumplidas por Mercau, con lo cual la situación de detención de Sala no tendría una resolución inmediata.

La inspección en los domicilios de la dirigente kirchnerista, tanto en la localidad de El Carmen, como en el barrio Cuyaya de la capital jujeña, se cumplió en procura de determinar la viabilidad de una detención domiciliaria para dar así cumplimiento a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que semanas atrás recomendó cambios en las condiciones de detención.

Conforme a las primeras medidas dispuestas por la justicia el juez Mercau realizó las inspecciones observando particularmente las medidas de seguridad de los domicilios donde posiblemente quede detenida la dirigente. La primera de las visitas se cumplió en la localidad de El Carmen donde el funcionario no habría podido acceder al domicilio, mientras que la inspección en la calle Gordaliza del barrio Cuyaya, tan solo se extendió por 15 minutos.

Cumplida la medida el juez, comentó ante la prensa allí apostada, "observé las condiciones de seguridad, entradas, salidas, y los informes respectivos los presentaré en cuanto los termine”. Precisó a la vez que se están analizando diferentes alternativas conforme a los requerimientos del organismo internacional de derechos humanos. "Estoy considerando distintas medidas, una de ellas sería la prisión domiciliaria, otra podría ser la fiscalización electrónica, o ambos, o en otros domicilios”, mencionó para luego recordar que la  CIDH dictó una cautelar planteando la falta de condiciones adecuadas para que Sala continúe los procesos judiciales abiertos en su contra en la Unidad Penitenciaria de Alto Comedero.

Consultado sobre los plazos establecidos por la CIDH, el juez aclaró que los 15 días estipulados en primera instancia son para que el Estado brinde un informe sobre las medidas que adoptará el Estado. En ese sentido descartó que los plazos aludan a una liberación de la imputada. Apuntó a la vez  que "si no tengo todos los elementos que necesito no  puedo tomar una decisión”.  "La eventual prisión domiciliaria es una medida extraordinaria, la medida de la CIDH es para resguardar la integridad física, pero también debemos evaluar el por qué se dictó la Prisión Preventiva, que es la posibilidad de fuga o de un posible entorpecimiento de la investigación”, expuso al momento de fundamentar la evaluación que realiza la justicia.

Cabe mencionar que en la tarde se conoció el planteo del Fiscal Diego Cussel para que se declare la nulidad de las inspecciones cumplidas argumentando que esa fiscalía no fue notificada de las medidas. Esta situación genera un contexto de mayor incertidumbre puesto que la justicia debería informar en esta jornada sobre las actuaciones que se prevén para hacer efectiva la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.

 

 

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